Política antimigratoria

La nueva Constitución Política del Estado resultó ser la mejor política antimigratoria para los hijos de bolivianos nacidos en España.
Resulta que la Constitución impulsada por el Sr. Evo Morales otorga automáticamente la nacionalidad boliviana a los hijos de bolivianos nacidos en cualquier parte del mundo. Hasta aquí todo parece bien, sin embargo el gobierno Español acaba de sacar un comunicado donde explica que por este motivo no reconocerá la nacionalidad española a los bolivianos nacidos en España, reconocimiento que se hacía debido al derecho de todos los niños de tener una nacionalidad al momento de su nacimiento (Convención de los Derechos del Niño).
Hasta la promulgación de la NCPE los niños de padres bolivianos nacidos en España, tenían dos opciones la inscripción de su partida de nacimiento en el consulado boliviano en aquel país o invocar la nacionalidad española por su situación de apátrida.
Me imagino que los migrantes bolivianos elegían la segunda opción por razones obvias. Ahora ya no tienen opción de elegir, gracias a la NCPE.
En conclusión, la NCPE no hace otra cosa que perjudicar a los bolivianos migrantes en España.
Me pregunto si con esta noticia el gobierno se asegurará que la CNE empadrone a todos los bolivianos que viven en España.

¿Roberto de la Cruz neoliberal?

¿Roberto de la Cruz neoliberal?
En la noticia “Al Cierre” de hoy en La Razón (ver aquí) se informa que la municipalidad de El Alto, ha tomado la decisión de liberalizar el mercado del transporte, rompiendo con el oligopolio de los sindicatos del transporte público, tal como lo hiciera el gobierno del MNR en 1985 con el D.S. 21060 en mano. Los argumentos y la base legal son los mismos, los actores son distintos. Hoy Roberto de la Cruz lleva adelante esta medida (neo)liberal porque a su entender “significa romper con el monopolio del transporte sindicalizado; hasta ahora han hecho lo que les daba la gana, nadie podía ingresar a sus rutas que ellos abandonaron; desde mañana (hoy) los choferes particulares pueden trabajar en cualquier ruta de El Alto”.
En realidad no creo que el Sr. de la Cruz se haya convertido al (neo)liberalismo, sin embargo creo que cuando se trata de velar por los intereses del pueblo o de los pobres, tarde o temprano debe primar el sentido común. La muestra la da el municipio de El Alto, emulando una medida liberal tomada hace casi 25 años por los que se suponen los enemigos del pueblo de El Alto y bajo el mismo marco legal (todavía vigente).
En hora buena…!!!

¿Sustitución de exportaciones?

Una de las noticias económicas que hoy se publica en La Razón tiene como titular “Para el Gobierno es errado apostar sólo a las exportaciones” (ver noticia aquí). En esta noticia se muestra que las exportaciones bolivianas entre enero y abril han caído de 2.185,36 millones de dólares para 2008 a 1.555,27 millones de dólares para el 2009 y que la propuesta gubernamental ante esta caída es “incentivar el mercado interno” como el camino alterno a la caída de la demanda internacional por nuestros productos. Los incentivos a los que se refiere la noticia son los bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy, etc. –subsidios directos a las personas-) e incentivos monetarios a pequeños, medianos y grandes productores (subsidios a las empresas).
Aritméticamente esto significa que cada uno de los 10,2 millones de personas que viven en Bolivia actualmente debe aumentar su gasto en 185 dólares al año para compensar la caída de las exportaciones (630 millones de dólares menos de exportación en 4 meses, divididos entre la población actual y proyectado a 12 meses –multiplicado por 3-).
Estos 185 dólares adicionales, representan más de 11% del PIB per cápita de 2008, que según fuentes gubernamentales alcanzó a USD 1.652. Esto significa que, de seguir así, la caída de las exportaciones podría superar el 11% del PIB. Si esto llega a ser cierto, la meta del Gobierno de alcanzar un crecimiento del PIB de 5% en 2009 peca de ser optimista.
El argumento de los subsidios a través de ‘bonos’ o ‘incentivos’ como una forma de activar la economía tendrá un efecto limitado (o inexistente) y de muy corto plazo, esto debido a la simple lógica de que este dinero que se inyecta en la economía sale de la misma economía, es pasar plata de un bolsillo al otro. Todos los bonos o ‘incentivos’ creados o por crear son y serán financiado por los contribuyentes (en el corto o largo plazo los bolivianos pagaremos todas esas facturas).
No caigamos en el absurdo de pensar que el mercado interno tiene la capacidad de ‘compensar’ la caída de nuestras exportaciones. No sólo por que en el corto plazo es impensable una sustitución de la oferta exportable dirigida al mercado local, o pensar que nuestras preferencias cambiaran para demandar gas natural, minerales, joyas, cuero, torta de soya, aceite, etc. (todos productos de exportación). Sino porque el crecimiento sostenible de la demanda interna se fundamenta en la creación de empleos productivos, que a su vez sólo se logran con inversiones rentables, donde el sector privado es el protagonista natural de este proceso. No nos engañemos pensando que el papel de ‘Robin Hood’ que adopta el gobierno o que las nacionalizaciones o que las inversiones en la creación de empresas públicas serán el motor del desarrollo económico.

El poder detrás del poder

Así titularía el artículo de opinión de Rolando Morales, publicado hoy en La Razón (recomiendo leer el artículo aquí). En él revela una realidad que algunos de nosotros sospechamos y la mayoría desconoce o prefiere creer que son sólo rumores.Su paso por el gobierno y su relación con varios actores del mismo, le permiten hablar con autoridad y conocimiento.
De sus palabras se entiende que el “grupo duro”, como el lo denomina, que no es mas que el entorno presidencial de personajes ya conocidos, es el núcleo del poder en el gobierno actual. Que su estrategia está dirigida a concentrar el poder y de ahí se entiende la ruptura sistemática de la institucionalidad y del enfrentamiento contra la oposición entre otras acciones.
¿Algo de nuevo?, alguien dirá que no…. Sin embargo, considerando la fuente y su experiencia en el gobierno, creo que aporta la veracidad necesaria para que esta información deje de ser un rumor y comencemos a creer que realmente no estamos gobernados por el MAS, ni por los movimientos sociales, ni por los indígenas, ni por los socialistas trasnochados, ni por nadie con objetivos altruistas o comunes a la mayoría de los bolivianos. La conclusión es obvia: los objetivos gubernamentales se resumen en objetivos particulares de un grupo fuerte acantonado detrás de Evo Morales.

LA COR Y LA AGRESIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA

Como ya es de conocimiento público la Central Obrera Regional de El Alto (COR), a través de una resolución y ‘a nombre de todos los alteños’ ha decidido exigir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que trabajan en esa ciudad, que expliquen y avalen el origen de sus fondos de financiamiento, el uso de los mismos y detallen las planillas de sueldos se sus funcionarios. El argumento de la COR es el “control social” y la sospecha de que los ejecutivos de estas ONG estén ganando mas que el Presidente de la República. Esta exigencia tiene su contraparte de coacción ya que la COR ha amenazado con tomar medidas contra aquellas ONG que no cumplan con esta exigencia, haciendo notar que estas medidas pueden llegar a capitalizarse en la toma de las instalaciones y expulsión de sus funcionarios.

El primer “disparo” en este intento de “control social” fue dirigido al Centro de la Mujer Gregoria Apaza. ONG que trabaja hace 26 años en la ciudad de El Alto y rinde cuentas a sus financiadores de acuerdo a sus normas y relaciones contractuales (según su Directora Cecilia Enríquez). Hay en la lista otras 49 ONG que esperan recibir el ultimátum de esta organización social afín al MAS (partido en función de gobierno).

Más allá de la especulación sobre el posible apoyo que muchas de estas ONG le dieron al MAS en su carrera por alcanzar el poder y la inexistente reciprocidad del gobierno para evitar la potencial agresión de la COR sobre estas instituciones. Es importante hacer notar que estas instituciones tienen un carácter no gubernamental y por lo tanto tienen un perfil privado ineludible. Por un lado el patrimonio con el que cuentan no es más que propiedad privada debidamente registrada en las instancias correspondientes (entiéndase que no es propiedad de la ciudad de El Alto ni del Estado). Por otro lado el financiamiento de sus actividades proviene de gobiernos extranjeros, ONG internacionales, fondos privados y/o instituciones internacionales; no están financiadas por recursos estatales.

Bajo este punto de vista, la COR a nombre de los alteños o si se quiere a nombre de los beneficiarios de los proyectos de estas ONG no tiene ningún derecho a ejercer coacción sobre dichas instituciones y menos amenazar la propiedad privada que supuestamente la NCPE y el Gobierno dicen respetar (aunque no hacen nada por demostrarlo). Tampoco tiene derecho alguno a exigir información sobre el origen y uso de los recursos con los que cuentan o que expongan sus planillas de sueldos de manera pública. Los únicos que tienen derecho a exigir esta información son los financiadores. Quienes otorgan los créditos o donaciones pueden exigir información para ver que los recursos provistos tengan los fines buscados.

No es posible pensar que los usuarios/beneficiarios de los proyectos/actividades de estas ONG tengan el “derecho” de exigir esta información. Si seguimos así, mañana serán los consumidores Mentisán los que exijan (bajo amenaza de tomar instalaciones) a Laboratorios Drogería Inti a explicar el origen y uso de sus fondos y que abran sus planillas bajo sospecha de que sus ejecutivos ganan más que el Presidente.

En resumen la información que exige la COR es propiedad privada de cada persona natural o jurídica y si el Gobierno realmente va a respetar la propiedad privada, debería controlar a sus “movimientos sociales” y evitar que la amenaza contra la propiedad privada continúe.

La actitud cómplice de los funcionarios del ejecutivo es muestra clara de que la propiedad privada está seriamente amenazada y que no hay autoridad que ponga freno a estos avasallamientos.

¿En que número de la lista estaremos cada uno de los bolivianos?

Cada vez más lejos del desarrollo del sector hidrocarburífero

Carlos Miranda (ex Súper de Hidrocarburos) en su columna publicada en La Razón el jueves pasado, habla de la incapacidad de nuestro gobierno de generar inversiones en hidrocarburos, de la poca confiabilidad que tienen este gobierno para que nos consideren socios en el sector y pone en evidencia el fracaso de la ‘nacionalización de hidrocarburos’ que el Sr. Evo Morales insisten en llevar adelante.

Aquí el artículo completo:

http://www.la-razon.com/versiones/20090312_006664/nota_246_776605.htm

Mientras Lula Da Silva está dando señales de un mejor futuro para los brasileros. Nuestro presidente nos lleva a un futuro cada vez más sombrío; el daño que nuestros gobernantes le están haciendo a nuestro país es tan grande que no es consuelo esperar que la historia los juzgue o que alguna divinidad los castigue.

La propiedad privada y la Constitución Política del Estado

Mucho se pensó, analizó y discutió sobre las contradicciones internas que presenta la NCPE aprobada el pasado 25 de enero. Sin embargo, ahora vamos enfrentando las contradicciones de manera real.

La toma de la propiedad privada del Sr. Victor Hugo Cárdenas es una evidencia de una contradicción fundamental entre el supuesto respeto a la propiedad privada y aquello que muchos llaman “justicia comunitaria” basada en sus propios usos y costumbres.

Hoy escuchaba atentamente al Alcalde de Achacachi tratando de explicar y justificar la decisión de las “autoridades” comunitarias de tomar por la fuerza la propiedad referida. El argumento central, que fue mencionado por el mismo Presidente de la República, es que el Sr. Cárdenas no cumplió con algunas obligaciones o compromisos con su comunidad y que estas “faltas” deben ser explicadas y aclaradas al interior de la misma comunidad. El día de la toma ilegal de la mencionada propiedad, las “autoridades” de las comunidades relacionadas hicieron una reunión donde supuestamente el Sr. Cárdenas fue invitado a participar para aclarar ciertas acusaciones que la comunidad tiene contra él; su ausencia supone la justificación para que dichas “autoridades” comunales hayan decidido mayoritariamente tomar por la fuerza una propiedad privada.

Por otro lado, el Vicepresidente de la República ha sugerido que la expropiación podría ser consolidada a través un proceso “legal” seguido por la misma comunidad en contra del Sr. Víctor Hugo Cárdenas donde se demuestre “comunitariamente” que esta propiedad no cumple “función social”.

Hasta la fecha nadie ha podido responder cuales son las acusaciones que su comunidad le hace al Sr. Cárdenas y intenten explicar o justificar el irrespeto y transgresión a su propiedad.

En cualquier caso y por mucho que pienso, no encuentro una sola razón por la cual la propiedad del Sr. Cárdenas deba ser expropiada.

No encuentro justificación alguna para que la comunidad o vecindario se atribuya la decisión de tomar por la fuerza la propiedad privada de algún ciudadano. La subjetividad que hay detrás de la propuesta del Sr. García Linera sólo denota revanchismo político en contra del ex Vicepresidente de la República. Desde que la propiedad del Sr. Cárdenas era utilizada como vivienda no es posible pensar que no esté cumpliendo una función social.

Todo este proceso ilegal, autoritario, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y con la pasividad de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes ponen en evidencia la falta de seguridad jurídica a la que todos y cada uno de los bolivianos estamos expuestos con la NCPE. Al parecer la única salvaguarda en estos casos es pertenecer al partido de gobierno, toda vez que la aplicación de la NCPE esta sujeta al subjetivismo político-partidario marcado por los gobernantes de turno.

El monopolio del SOAT

Una vez más la realidad supera cualquier ficción ‘planificada’ en la mente de cualquier burócrata que cree saber más que el mercado. “Alguien” le dio el monopolio de la venta del SOAT 2009 a Credinform Internacional S.A. y los resultados de esta decisión se hacen evidentes: falta de puntos de venta, escasez de certificados y ‘rosetas’, explicaciones de lo inexplicable tanto por parte del gobierno como por parte de la compañía de seguros, ambas partes se echan la culpa, etc. etc.

Al final la norma no se cumple, los accidentes no esperan y muchos vehículos todavía no tienen el SOAT y no hay quien resuelva el problema.

Los que creían que el SOAT bajó de precio se equivocaron, porque no sólo deben pagar un precio nominal sino, deben pagar por el tiempo de hacer colas para no conseguirlo, deben pagar multas (y/o coimas) por no tenerlo, deben ser detenidos por no portarlo, deben asumir el riesgo de pagar un accidente si ocurre antes de poder comprarlo y otra infinidad de costos que el consumidor (‘el último eslabón de la cadena alimenticia’) debe asumir por la decisión de un gobierno centralista y planificador que cree saber más que el mercado y que pretende consolidar esta forma de hacer las cosas con la aprobación del proyecto de CPE.

Inversiones en hidrocarburos II

Ayer me puse a pensar en la pregunta que deje pendiente en mi anterior publicación “¿Y ahora que hará el gobierno para promover nuevas inversiones en el sector, de manera de asegurar la exportación y el consumo interno de carburantes?”, y me dí cuenta que había dejado en el tintero los 1.000 millones de dólares de préstamo para YPFB que contempla en PGN 2009, presentado al Congreso y que sería aprobado sin discusión por un tecnicismo legal (no fue tratado en el Senado).

Para nuestros gobernantes y sus simpatizantes, esa es la respuesta a mi pregunta y en parte hay algo de razón. Ese préstamo responde a falta de inversiones que el sector de hidrocarburos necesita con mucha urgencia. Sin embargo, creo importante reflexionar sobre los costos de esta fuente de financiamiento:

1. Según la ley del Banco Central de Bolivia este préstamo es ilegal. El gobierno cree que el PGN del 2009 aprobado mediante ley financial tiene el mismo rango y por lo tanto puede sobreponerse a la Ley del BCB. Justificando así una ilegalidad evidente. El Ejecutivo revela su preocupación por la ilegalidad de está acción proponiendo un referéndum para que se le autorice utilizar las RIN y de esta manera descargar toda responsabilidad.
2. Las RIN que alcanza a 7.700 millones de dólares, casi en su totalidad son un pasivo del BCB. Estas reservas están compuestas por Operaciones de Mercado Abierto (2.500 millones), depósitos de entidades públicas (3.000 millones), oro metálico (1.000 millones) y el resto de las reservas (1.200 millones) son el respaldo de los billetes y monedas en poder del público. Esto significa que no es dinero de libre disponibilidad y por lo tanto no es posible financiar inversiones en YPFB con las RIN, sin que esta decisión tenga consecuencias sobre la estabilidad monetaria y financiera de nuestra economía.
3. La crisis a la que nos enfrentamos promete ser más dura en el corto y mediano plazo. Por una parte las instituciones estatales que vean bajar sus ingresos por el bajo precio del gas se verán en la necesidad de echar mano de sus depósitos en el BCB, asimismo podemos esperar que la demanda de dólares crezca y la oferta caiga al mismo tiempo, la primera por la necesidad de importación de bienes necesarios para afrontar la crisis (alimentos, carburantes, etc.) y la segunda por la caída en las exportaciones. Estos posibles acontecimientos harán que las RIN caigan en el corto y mediano plazo.
4. La incapacidad técnica de YPFB y la elevada politización de dicha institución me hace pensar que cada dólar que se canalice a través de la misma no será eficientemente utilizado. Es posible preveer que una parte de este préstamo irá a potenciar técnicamente a YPFB mediante la contratación de personal técnico necesario, contratación de consultorías y/o asesorías, otra parte ira a pagar la propaganda política con la que el gobierno ya nos tiene acostumbrados, otra parte se desviará en actos de corrupción y el resto (si queda algo) irá efectivamente a la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos.

Más allá de la ilegalidad de esta decisión, el costo alternativo de utilizar un dólar de las Reservas Internacionales Netas del BCB es muy alto. Especialmente por el costo en estabilidad financiera y monetaria que representa, no olvidemos la época del gobierno de la Unidad Democrática y Popular.

El costo por ineficiencia, politiquería y corrupción, es difícil de estimar sin embargo con los tres años de gobierno que llevamos es posible intuir que mucho del dinero del que hablamos será gastado en estos tres componentes, quedando muy poco para cumplir el objetivo principal.

En resumen, no parece ser la mejor decisión financiar un préstamo a YPFB con dinero de las RIN. Tal vez es menos costoso e incluso más beneficioso recurrir a financiamiento externo (ahora que las tasas están bajas) y contratar una empresa petrolera privada para que realice el trabajo y así aseguramos que el objetivo se cumpla….

...pero eso es muy neo-liberal para este gobierno, que prioriza el circo antes que el pan.

Inversiones en hidrocarburos: Se esfuman las promesas del gobierno.

El gobierno boliviano, en varias oportunidades, ha comunicado que Gazprom, empresa monopólica estatal Rusa, podría ser una socia estratégica del Estado Boliviano (tal vez la más importante) en la exploración y explotación de gas natural en los próximos años.

Esta esperanza de un futuro mejor para el sector hidrocarburífero y consecuentemente para el abastecimiento interno y la exportación de gas, se va desvaneciendo.

De acuerdo a una noticia publicada el pasado 29 de diciembre en el New York Times (ver aquí), la empresa Rusa se encuentra en grandes problemas financieros. Agobiada por una elevada deuda está negociando un rescate de 5.500 millones de dólares del gobierno ruso, para su reactivación. El valor accionario de la compañía ha caído un 76% en 2008, mucho más que sus competidoras privadas. A pesar que los salvavidas financieros están de moda, no hay otra empresa hidrocarburífera occidental privada que haya solicitado o esté negociando un rescate financiero, como aquellos otorgados recientemente a las empresas norteamericanas de automóviles.

Los elevados precios del petróleo no fueron aprovechados por el gobierno ruso para invertir en exploración y explotación, sino para avivar el proceso de nacionalización de empresas y campos petroleros en manos de privados. La caída del precio del petróleo ha puesto en evidencia la urgente necesidad de nuevas inversiones y a su vez ha desnudado la mala política del gobierno del Kremlin.

La deuda que Gazprom adquirió para que el gobierno de Putin adquiriera empresas privadas hidrocarburíferas, parece ser la principal causa de la crisis.

Al parecer todas las promesas del gobierno boliviano y las esperanzas puestas en nuevas inversiones en gas natural, caen en saco roto.

Por un lado no parece razonable pensar que Gazprom vaya a priorizar inversiones en exploración y explotación de gas natural en Bolivia, cuando necesita a gritos capital para invertir en sus propios campos.

Por otro, espero que YPFB y nuestros gobernantes tomen las lecciones que está aprendiendo el gobierno ruso cuando de nacionalizaciones e intervención estatal se trata.

No es posible esperar buenos resultados con un administrador como el Estado cuando sus prioridades políticas se anteponen a las prioridades empresariales o de mercado.

Sin Gazprom en el horizonte, con los actuales precios del petróleo y con la crisis mundial que ya comenzó, no queda espacio para pensar que nuestro salvador será el gobierno venezolano a través de PDVSA. Por lo que no veo solución a mediano plazo para cubrir las necesidades de inversión en hidrocarburos que Bolivia necesita.

La posible aprobación de la CPE el próximo 25 de enero complica más el futuro, en cuanto a inversiones privadas en el sector se trata.

¿Y ahora que hará el gobierno para promover nuevas inversiones en el sector, de manera de asegurar la exportación y el consumo interno de carburantes?