Sanguinetti a propósito de los aires de guerra en Sudamérica

Les recomiendo el artículo de Julio Maria Sanguinetti, ex-presidente de Uruguay donde de manera simple analiza la amenaza de guerra en la región en el marco de la política internacional y el gasto militar de los países involucrados.
Leer el artículo aquí.

La Prohibición y sus consecuencias

En diciembre del pasado año el Gobierno del Sr. Evo Morales decidió prohibir el ingreso de motorizados con más de 5 años de antigüedad. Los argumentos esgrimidos fueron diversos, como diversos son los pensamientos de los funcionarios de gobierno. Uno de los argumentos que más se repitió en aquel momento fue “que Bolivia (todavía considerada República) no era el basurero del mundo”; otro argumento que todo fuerza fue aquel que consideraba que los automotores más antiguos gastaban más combustible y que la crisis mundial del petróleo sugería tener un parque automotor que se adecue a esta nueva situación o un tercer argumento que hablaba de la contaminación indeseable de dichos vehículos.
El resultado es que el contrabando de estos vehículos continuó, como era de esperarse, y muchos fueron incautados por la Aduana Nacional, que hasta el 22 de julio pasado no sabía que hacer con todo ese contingente de vehículos. En esa fecha el gabinete del Sr. Morales aprobó el D.S. 0220 donde autoriza a las entidades públicas adjudicarse directamente los vehículos referidos.
Al final los vehículos prohibidos engrosarán por esta vía el parque automotor y consumirán el mismo combustible que el gobierno quiso ahorrar por la crisis mundial y contaminarán el medio a pesar de cualquier argumento.
En otras palabras, el gobierno prohíbe que los privados importen vehículos por motivos ecológicos, de crisis mundial, de dignidad nacional, o por cualquier motivo que al gobierno le cante, sin embargo autoriza que dichos vehículos sean comprados con nuestros impuestos, para que compren combustible y contamine a nombre nuestro, que sean utilizados por funcionarios gubernamentales que son pagados por los contribuyentes y (¿quién sabe?) para hacer campaña por el MAS.
Es posible que la mayoría de estos automotores estuvieran destinados a generar empleo para muchos bolivianos y es posible que la utilización de esos vehículos también fuera a beneficiar a los usuarios de los mismos. Incluso, si pensamos que la mayoría iba a engrosar la oferta de transporte público, es también plausible pensar que el precio de los pasajes subirá en el mediano plazo (amenaza latente desde hacer varios meses) o incluso que una buena parte del parque automotor de 10 o mas años de antigüedad podría ser cambiado por vehículos más nuevos (o menos viejos, como quiera verse). Todo esto podría beneficiar directamente a la población, ya sea por una postergación mayor en la subida de pasajes o costo de transporte o por la renovación de una parte del parque automotor (probablemente más seguro para todos). Los costos en contaminación, congestión vehicular, etc. son obvios. La pregunta que quedó en el aire aquel momento es si los beneficios eran mayores o menores a los costos.
El resultado es que vamos a tener los mismos efectos no deseados, pero no será la población quien se beneficie de dichos vehículos. Los costos los tenderemos que asumir de igual forma, sin embargo los beneficios no llegarán a los que debería llegar (el pueblo).
Lo mismo está ocurriendo con la ropa usada, que la Aduana no sabe que hacer con ella mientras que los bolivianos tienen cada vez menos oferta de vestido o mayores precios.
¿No que este Gobierno piensa en la grandes mayorías?

Otro atentado a la libertad

Los atentados a las libertades individuales son pan de cada día. El 17 de julio pasado los periodistas acreditados a Palacio de Gobierno fueron engañados e ingresados a Sala de Prensa bajo pretexto que el Sr. Hugo Chavez daría una conferencia de prensa en dicho lugar. El inexorable paso del tiempo alertó a varios de los periodistas que trataron de salir del lugar. La sorpresa fue grande cuando agentes de seguridad de Palacio les impidieron la salida, en el momento que Hugo Chavez se encontraba dando declaraciones a dos canales oficialistas, Canal 7 Televisión Nacional y Telesur.
A pesar del forcejeo y las protestas, los periodistas no pudieron cubrir la noticia. Fueron privados de su libertad y fueron privados de cumplir con su trabajo. Nadie pudo explicar de dónde vino la orden de “secuestrarlos” (como lo dijo uno de los periodistas afectados); el vocero oficial le echó la culpa a los agentes de seguridad, como si éstos actuaran de oficio.
A todas luces los mandatarios de Venezuela y Bolivia no estaban dispuestos a brindar ninguna declaración a los medios locales o internacionales, sino a aquellos que están bajo su mando. La agresión a la libertad de prensa y a la libertad individual, una vez más, se hace presente.
A pesar del poder que tienen los medios de comunicación, sus libertades son coartadas. Puedo imaginarme los que nos espera a los ciudadanos de a pie y en especial a aquellos que no estamos de acuerdo con la política gubernamental.

Política antimigratoria

La nueva Constitución Política del Estado resultó ser la mejor política antimigratoria para los hijos de bolivianos nacidos en España.
Resulta que la Constitución impulsada por el Sr. Evo Morales otorga automáticamente la nacionalidad boliviana a los hijos de bolivianos nacidos en cualquier parte del mundo. Hasta aquí todo parece bien, sin embargo el gobierno Español acaba de sacar un comunicado donde explica que por este motivo no reconocerá la nacionalidad española a los bolivianos nacidos en España, reconocimiento que se hacía debido al derecho de todos los niños de tener una nacionalidad al momento de su nacimiento (Convención de los Derechos del Niño).
Hasta la promulgación de la NCPE los niños de padres bolivianos nacidos en España, tenían dos opciones la inscripción de su partida de nacimiento en el consulado boliviano en aquel país o invocar la nacionalidad española por su situación de apátrida.
Me imagino que los migrantes bolivianos elegían la segunda opción por razones obvias. Ahora ya no tienen opción de elegir, gracias a la NCPE.
En conclusión, la NCPE no hace otra cosa que perjudicar a los bolivianos migrantes en España.
Me pregunto si con esta noticia el gobierno se asegurará que la CNE empadrone a todos los bolivianos que viven en España.

¿Roberto de la Cruz neoliberal?

¿Roberto de la Cruz neoliberal?
En la noticia “Al Cierre” de hoy en La Razón (ver aquí) se informa que la municipalidad de El Alto, ha tomado la decisión de liberalizar el mercado del transporte, rompiendo con el oligopolio de los sindicatos del transporte público, tal como lo hiciera el gobierno del MNR en 1985 con el D.S. 21060 en mano. Los argumentos y la base legal son los mismos, los actores son distintos. Hoy Roberto de la Cruz lleva adelante esta medida (neo)liberal porque a su entender “significa romper con el monopolio del transporte sindicalizado; hasta ahora han hecho lo que les daba la gana, nadie podía ingresar a sus rutas que ellos abandonaron; desde mañana (hoy) los choferes particulares pueden trabajar en cualquier ruta de El Alto”.
En realidad no creo que el Sr. de la Cruz se haya convertido al (neo)liberalismo, sin embargo creo que cuando se trata de velar por los intereses del pueblo o de los pobres, tarde o temprano debe primar el sentido común. La muestra la da el municipio de El Alto, emulando una medida liberal tomada hace casi 25 años por los que se suponen los enemigos del pueblo de El Alto y bajo el mismo marco legal (todavía vigente).
En hora buena…!!!

¿Sustitución de exportaciones?

Una de las noticias económicas que hoy se publica en La Razón tiene como titular “Para el Gobierno es errado apostar sólo a las exportaciones” (ver noticia aquí). En esta noticia se muestra que las exportaciones bolivianas entre enero y abril han caído de 2.185,36 millones de dólares para 2008 a 1.555,27 millones de dólares para el 2009 y que la propuesta gubernamental ante esta caída es “incentivar el mercado interno” como el camino alterno a la caída de la demanda internacional por nuestros productos. Los incentivos a los que se refiere la noticia son los bonos (Juancito Pinto, Juana Azurduy, etc. –subsidios directos a las personas-) e incentivos monetarios a pequeños, medianos y grandes productores (subsidios a las empresas).
Aritméticamente esto significa que cada uno de los 10,2 millones de personas que viven en Bolivia actualmente debe aumentar su gasto en 185 dólares al año para compensar la caída de las exportaciones (630 millones de dólares menos de exportación en 4 meses, divididos entre la población actual y proyectado a 12 meses –multiplicado por 3-).
Estos 185 dólares adicionales, representan más de 11% del PIB per cápita de 2008, que según fuentes gubernamentales alcanzó a USD 1.652. Esto significa que, de seguir así, la caída de las exportaciones podría superar el 11% del PIB. Si esto llega a ser cierto, la meta del Gobierno de alcanzar un crecimiento del PIB de 5% en 2009 peca de ser optimista.
El argumento de los subsidios a través de ‘bonos’ o ‘incentivos’ como una forma de activar la economía tendrá un efecto limitado (o inexistente) y de muy corto plazo, esto debido a la simple lógica de que este dinero que se inyecta en la economía sale de la misma economía, es pasar plata de un bolsillo al otro. Todos los bonos o ‘incentivos’ creados o por crear son y serán financiado por los contribuyentes (en el corto o largo plazo los bolivianos pagaremos todas esas facturas).
No caigamos en el absurdo de pensar que el mercado interno tiene la capacidad de ‘compensar’ la caída de nuestras exportaciones. No sólo por que en el corto plazo es impensable una sustitución de la oferta exportable dirigida al mercado local, o pensar que nuestras preferencias cambiaran para demandar gas natural, minerales, joyas, cuero, torta de soya, aceite, etc. (todos productos de exportación). Sino porque el crecimiento sostenible de la demanda interna se fundamenta en la creación de empleos productivos, que a su vez sólo se logran con inversiones rentables, donde el sector privado es el protagonista natural de este proceso. No nos engañemos pensando que el papel de ‘Robin Hood’ que adopta el gobierno o que las nacionalizaciones o que las inversiones en la creación de empresas públicas serán el motor del desarrollo económico.

El poder detrás del poder

Así titularía el artículo de opinión de Rolando Morales, publicado hoy en La Razón (recomiendo leer el artículo aquí). En él revela una realidad que algunos de nosotros sospechamos y la mayoría desconoce o prefiere creer que son sólo rumores.Su paso por el gobierno y su relación con varios actores del mismo, le permiten hablar con autoridad y conocimiento.
De sus palabras se entiende que el “grupo duro”, como el lo denomina, que no es mas que el entorno presidencial de personajes ya conocidos, es el núcleo del poder en el gobierno actual. Que su estrategia está dirigida a concentrar el poder y de ahí se entiende la ruptura sistemática de la institucionalidad y del enfrentamiento contra la oposición entre otras acciones.
¿Algo de nuevo?, alguien dirá que no…. Sin embargo, considerando la fuente y su experiencia en el gobierno, creo que aporta la veracidad necesaria para que esta información deje de ser un rumor y comencemos a creer que realmente no estamos gobernados por el MAS, ni por los movimientos sociales, ni por los indígenas, ni por los socialistas trasnochados, ni por nadie con objetivos altruistas o comunes a la mayoría de los bolivianos. La conclusión es obvia: los objetivos gubernamentales se resumen en objetivos particulares de un grupo fuerte acantonado detrás de Evo Morales.

LA COR Y LA AGRESIÓN A LA PROPIEDAD PRIVADA

Como ya es de conocimiento público la Central Obrera Regional de El Alto (COR), a través de una resolución y ‘a nombre de todos los alteños’ ha decidido exigir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que trabajan en esa ciudad, que expliquen y avalen el origen de sus fondos de financiamiento, el uso de los mismos y detallen las planillas de sueldos se sus funcionarios. El argumento de la COR es el “control social” y la sospecha de que los ejecutivos de estas ONG estén ganando mas que el Presidente de la República. Esta exigencia tiene su contraparte de coacción ya que la COR ha amenazado con tomar medidas contra aquellas ONG que no cumplan con esta exigencia, haciendo notar que estas medidas pueden llegar a capitalizarse en la toma de las instalaciones y expulsión de sus funcionarios.

El primer “disparo” en este intento de “control social” fue dirigido al Centro de la Mujer Gregoria Apaza. ONG que trabaja hace 26 años en la ciudad de El Alto y rinde cuentas a sus financiadores de acuerdo a sus normas y relaciones contractuales (según su Directora Cecilia Enríquez). Hay en la lista otras 49 ONG que esperan recibir el ultimátum de esta organización social afín al MAS (partido en función de gobierno).

Más allá de la especulación sobre el posible apoyo que muchas de estas ONG le dieron al MAS en su carrera por alcanzar el poder y la inexistente reciprocidad del gobierno para evitar la potencial agresión de la COR sobre estas instituciones. Es importante hacer notar que estas instituciones tienen un carácter no gubernamental y por lo tanto tienen un perfil privado ineludible. Por un lado el patrimonio con el que cuentan no es más que propiedad privada debidamente registrada en las instancias correspondientes (entiéndase que no es propiedad de la ciudad de El Alto ni del Estado). Por otro lado el financiamiento de sus actividades proviene de gobiernos extranjeros, ONG internacionales, fondos privados y/o instituciones internacionales; no están financiadas por recursos estatales.

Bajo este punto de vista, la COR a nombre de los alteños o si se quiere a nombre de los beneficiarios de los proyectos de estas ONG no tiene ningún derecho a ejercer coacción sobre dichas instituciones y menos amenazar la propiedad privada que supuestamente la NCPE y el Gobierno dicen respetar (aunque no hacen nada por demostrarlo). Tampoco tiene derecho alguno a exigir información sobre el origen y uso de los recursos con los que cuentan o que expongan sus planillas de sueldos de manera pública. Los únicos que tienen derecho a exigir esta información son los financiadores. Quienes otorgan los créditos o donaciones pueden exigir información para ver que los recursos provistos tengan los fines buscados.

No es posible pensar que los usuarios/beneficiarios de los proyectos/actividades de estas ONG tengan el “derecho” de exigir esta información. Si seguimos así, mañana serán los consumidores Mentisán los que exijan (bajo amenaza de tomar instalaciones) a Laboratorios Drogería Inti a explicar el origen y uso de sus fondos y que abran sus planillas bajo sospecha de que sus ejecutivos ganan más que el Presidente.

En resumen la información que exige la COR es propiedad privada de cada persona natural o jurídica y si el Gobierno realmente va a respetar la propiedad privada, debería controlar a sus “movimientos sociales” y evitar que la amenaza contra la propiedad privada continúe.

La actitud cómplice de los funcionarios del ejecutivo es muestra clara de que la propiedad privada está seriamente amenazada y que no hay autoridad que ponga freno a estos avasallamientos.

¿En que número de la lista estaremos cada uno de los bolivianos?

Cada vez más lejos del desarrollo del sector hidrocarburífero

Carlos Miranda (ex Súper de Hidrocarburos) en su columna publicada en La Razón el jueves pasado, habla de la incapacidad de nuestro gobierno de generar inversiones en hidrocarburos, de la poca confiabilidad que tienen este gobierno para que nos consideren socios en el sector y pone en evidencia el fracaso de la ‘nacionalización de hidrocarburos’ que el Sr. Evo Morales insisten en llevar adelante.

Aquí el artículo completo:

http://www.la-razon.com/versiones/20090312_006664/nota_246_776605.htm

Mientras Lula Da Silva está dando señales de un mejor futuro para los brasileros. Nuestro presidente nos lleva a un futuro cada vez más sombrío; el daño que nuestros gobernantes le están haciendo a nuestro país es tan grande que no es consuelo esperar que la historia los juzgue o que alguna divinidad los castigue.

La propiedad privada y la Constitución Política del Estado

Mucho se pensó, analizó y discutió sobre las contradicciones internas que presenta la NCPE aprobada el pasado 25 de enero. Sin embargo, ahora vamos enfrentando las contradicciones de manera real.

La toma de la propiedad privada del Sr. Victor Hugo Cárdenas es una evidencia de una contradicción fundamental entre el supuesto respeto a la propiedad privada y aquello que muchos llaman “justicia comunitaria” basada en sus propios usos y costumbres.

Hoy escuchaba atentamente al Alcalde de Achacachi tratando de explicar y justificar la decisión de las “autoridades” comunitarias de tomar por la fuerza la propiedad referida. El argumento central, que fue mencionado por el mismo Presidente de la República, es que el Sr. Cárdenas no cumplió con algunas obligaciones o compromisos con su comunidad y que estas “faltas” deben ser explicadas y aclaradas al interior de la misma comunidad. El día de la toma ilegal de la mencionada propiedad, las “autoridades” de las comunidades relacionadas hicieron una reunión donde supuestamente el Sr. Cárdenas fue invitado a participar para aclarar ciertas acusaciones que la comunidad tiene contra él; su ausencia supone la justificación para que dichas “autoridades” comunales hayan decidido mayoritariamente tomar por la fuerza una propiedad privada.

Por otro lado, el Vicepresidente de la República ha sugerido que la expropiación podría ser consolidada a través un proceso “legal” seguido por la misma comunidad en contra del Sr. Víctor Hugo Cárdenas donde se demuestre “comunitariamente” que esta propiedad no cumple “función social”.

Hasta la fecha nadie ha podido responder cuales son las acusaciones que su comunidad le hace al Sr. Cárdenas y intenten explicar o justificar el irrespeto y transgresión a su propiedad.

En cualquier caso y por mucho que pienso, no encuentro una sola razón por la cual la propiedad del Sr. Cárdenas deba ser expropiada.

No encuentro justificación alguna para que la comunidad o vecindario se atribuya la decisión de tomar por la fuerza la propiedad privada de algún ciudadano. La subjetividad que hay detrás de la propuesta del Sr. García Linera sólo denota revanchismo político en contra del ex Vicepresidente de la República. Desde que la propiedad del Sr. Cárdenas era utilizada como vivienda no es posible pensar que no esté cumpliendo una función social.

Todo este proceso ilegal, autoritario, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo y con la pasividad de las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes ponen en evidencia la falta de seguridad jurídica a la que todos y cada uno de los bolivianos estamos expuestos con la NCPE. Al parecer la única salvaguarda en estos casos es pertenecer al partido de gobierno, toda vez que la aplicación de la NCPE esta sujeta al subjetivismo político-partidario marcado por los gobernantes de turno.